Mi defensa de la propiedad intelectual

Poster mindmap de la web, por Paul Downey (psd) en Flickr (1805709102) con licencia CC by.Me preguntaba el otro día un amigo por email acerca de los motivos por los que dije que no estoy de acuerdo con la postura expuesta por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en su artículo de El País sobre la propiedad intelectual. Como, en estos días, se está hablando mucho del tema y, de hecho, el Consejo de Ministros de hoy ha parido una nueva ley de defensa de los inmerecidos privilegios de los autores y sus intermediarios, voy a explicar el porqué de mi desacuerdo aquí, por si necesito reaprovecharlo en el futuro.

La tesis de la que parte Rodríguez Ibarra es que, al fin y al cabo, toda creación humana no es sino una recombinación de elementos anteriores, ya sean creaciones colectivas, personales o incluso naturales. Así, cada vez que alguien compone una poesía, lo hace recombinando elementos creados colectivamente por los humanos a lo largo del tiempo, como el idioma o la métrica, algunos elementos creados por alguien concreto (le ha podido inspirar una poesía de un autor, o haber hecho mofa de la de otro) y, desde luego, otros elementos como el lenguaje, fruto de la evolución, o la capacidad del aire de transmitir sonidos, característica física intrínseca a nuestra realidad. Podríamos ir más allá y decir, también, que si alguien se dedica a la poesía es porque alguien se ha molestado en enseñarle a leer y escribir y, ya que estamos, gracias a que los hay que fabrican la tinta con la que se alimentan las imprentas en las que se crean los libros que ha leído nuestro poeta. Así, según Rodríguez Ibarra, el creador de esa nueva poesía no puede reclamar ningún derecho de propiedad sobre ella porque, al fin y al cabo, lo único que ha hecho ha sido aprovechar lo ya hecho por muchos otros antes que él y, por tanto, no cabe el reconocimiento exclusivo de ningún derecho sobre esa creación.

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Si los jueces no te dan la razón, ignóralos

Juzgado de cuento de hadas por bryanwright5@gmail.com, en Flickr (2440200734) con licencia CC by-ndMerece la pena leer este artículo de David Bravo sobre la reforma legal que se nos viene encima y que provocó el nacimiento del Manifiesto y todo eso que ya sabéis y bla, bla, bla. Sí, ya sé que es el cuento de nunca acabar, pero es importante. Se empieza por aquí y no se sabe por dónde se acaba.

Por cierto, relacionado con el asunto, Juan Carlos Rodríguez Ibarra habla de la propiedad intelectual en El País. No estoy muy de acuerdo con su postura al respecto de la PI. Se empieza por ahí y se acaba reclamando el estalinismo.

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El Ministerio de Cultura no acata las sentencias judiciales

Demasiadas veces, los políticos nos recuerdan a los ciudadanos que debemos acatar las sentencias judiciales. Esto es falso: los únicos obligados a acatarlas son ellos mismos, pues son las instituciones del Estado las que están obligadas por la Ley a acatar lo que un juez ordene. Es decir, yo puedo estar en contra de una sentencia judicial, pero un organismo de la Administración Pública o un cargo público no pueden estarlo. Esto parece olvidárseles a los políticos demasiado a menudo. Leo en Error 500, en Enrique Dans y en Versvus que el Ministerio de Cultura ha creado un microsite dedicado a concienciarnos de lo malas, malísimas, que son las descargas de música, vídeos y libros y que son piratería. Resulta, no obstante, que todas las sentencias judiciales a este respecto hasta ahora en España indican lo contrario, es decir, que no son ilegales, que no son piratería mientras no haya ánimo de lucro, con lo que el Ministerio de Cultura está dedicando el dinero que nos roba mediante los impuestos a engañarnos y, de paso, está contradiciendo las múltiples sentencias a este respecto. Cuando está en juego la amistad de quienes te han ayudado a llegar al poder, está claro que te pasas la legalidad por el forro de los cojones.

N. B. – Mi opinión personal sobre las descargas -en general, no me gusta y, concretamente, no lo practico- tiene poco que ver en este asunto. Mi opinión y mis acciones no están contempladas en la Ley. Las de los Ministerios, sí.

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