Mi defensa de la propiedad intelectual

8 de Enero de 2010 — Manuel Delgado

Me preguntaba el otro día un amigo por email acerca de los motivos por los que dije que no estoy de acuerdo con la postura expuesta por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en su artículo de El País sobre la propiedad intelectual. Como, en estos días, se está hablando mucho del tema y, de hecho, el Consejo de Ministros de hoy ha parido una nueva ley de defensa de los inmerecidos privilegios de los autores y sus intermediarios, voy a explicar el porqué de mi desacuerdo aquí, por si necesito reaprovecharlo en el futuro.

La tesis de la que parte Rodríguez Ibarra es que, al fin y al cabo, toda creación humana no es sino una recombinación de elementos anteriores, ya sean creaciones colectivas, personales o incluso naturales. Así, cada vez que alguien compone una poesía, lo hace recombinando elementos creados colectivamente por los humanos a lo largo del tiempo, como el idioma o la métrica, algunos elementos creados por alguien concreto (le ha podido inspirar una poesía de un autor, o haber hecho mofa de la de otro) y, desde luego, otros elementos como el lenguaje, fruto de la evolución, o la capacidad del aire de transmitir sonidos, característica física intrínseca a nuestra realidad. Podríamos ir más allá y decir, también, que si alguien se dedica a la poesía es porque alguien se ha molestado en enseñarle a leer y escribir y, ya que estamos, gracias a que los hay que fabrican la tinta con la que se alimentan las imprentas en las que se crean los libros que ha leído nuestro poeta. Así, según Rodríguez Ibarra, el creador de esa nueva poesía no puede reclamar ningún derecho de propiedad sobre ella porque, al fin y al cabo, lo único que ha hecho ha sido aprovechar lo ya hecho por muchos otros antes que él y, por tanto, no cabe el reconocimiento exclusivo de ningún derecho sobre esa creación.

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Sobre la encarcelación de Juan López de Uralde

6 de Enero de 2010 — Manuel Delgado

Vaya por delante que comparto poco con las grandes multinacionales de la ecología. El que esté convencido de que debemos contaminar menos, reutilizar más y, en general, ser sensatos en nuestra relación con el resto del planeta, no me lleva por el camino del tremendismo y la imposición que suelen adoptar esas organizaciones. Sin embargo, mi opinión sobre los ecologistas a tiempo completo no me impide pensar que se están pasando un poco con Juan López de Uralde, director de Greenpeace en España, y otros tres miembros por haberse colado en la cena de gala de la orgía de burócratas, perdón, de la Cumbre del Cambio Climático de Copenhague.

Desde luego, no defenderé yo que a los ecologistas se les otorgue patente de corso por el simple hecho de que crean que sus fines son bondadosos. Si algo es un delito allí donde lo cometes, tendrás que pagar por ello, por muy bienintencionado que seas. Salvo que puedan demostrar (y no parece que puedan, porque los periódicos se encargarían de comunicárnoslo hasta la saciedad) que sus derechos, según las leyes danesas, han sido conculcados, lo único que podemos pensar es que ya está bien tanta prisión preventiva e incluso incomunicación por desplegar una pancarta.

No obstante, si bien me sorprende la dureza aplicada, debo decir que no es eso lo que más me está llamando la atención sobre el asunto. Desde que fueron detenidos los miembros de Greenpeace, he leído en no pocas ocasiones (en algunos casos, incluso de forma recurrente) a no pocas personas que se autodenominan liberales alegrarse por la dureza de la prisión preventiva a López de Uralde y compañía. Me sorprende, sí, porque, al fin y al cabo, lo que estaban haciendo los cuatro detenidos no era más que plantarse delante de unos cuantos políticos y burócratas que se estaban forrando el riñón a base de langostinos pagados por ti y por mí y afearles la conducta, diciéndoles que no les pagamos para darse comilonas ni para parlotear, sino para resolver problemas reales (aunque podamos disentir con los de Greenpeace en cuáles son esos problemas reales). Y, si no pueden o quieren resolverlos, que dimitan y se dediquen a otra cosa, añado yo. Bien, pues a mí me suena todo eso mucho a “sociedad civil”, a lucha contra la supérflua burocracia y a los ciudadanos mandando mensajes claros a los políticos. Lo mismito que esos mismos personajes liberales piden a gritos, día tras día, desde sus tribunas blogueras. Ah, espera, que es que estos no son “de los nuestros”, no son ni “provida”, ni “proarmas”, ni “antiimpuestos”, ni “procrucifijos”, que son los únicos, según parece, con derecho a manifestarse. Estos son progres y, por tanto, ni el habeas corpus se les debería aplicar. Claaaro. Con liberales así, no necesitamos dictadores.

Si los jueces no te dan la razón, ignóralos

5 de Enero de 2010 — Manuel Delgado

Merece la pena leer este artículo de David Bravo sobre la reforma legal que se nos viene encima y que provocó el nacimiento del Manifiesto y todo eso que ya sabéis y bla, bla, bla. Sí, ya sé que es el cuento de nunca acabar, pero es importante. Se empieza por aquí y no se sabe por dónde se acaba.

Por cierto, relacionado con el asunto, Juan Carlos Rodríguez Ibarra habla de la propiedad intelectual en El País. No estoy muy de acuerdo con su postura al respecto de la PI. Se empieza por ahí y se acaba reclamando el estalinismo.

Microsoft pierde la apelación en la demanda de i4i

23 de Diciembre de 2009 — Manuel Delgado

Microsoft ha perdido la apelación que presentó contra la sentencia que, el pasado mes de mayo, dio la razón a la compañía canadiense i4i en su demanda por incumplimiento de patentes. Salvo alguna sorpresa en la batalla legal (Microsoft bien podría acabar comprando i4i o alcanzando un acuerdo), esto implica que, además de pagar 200 millones de dólares a la demandante (más otros 40 millones impuestos en la apelación), Microsoft está obligado a dejar de usar la funcionalidad sometida a patente por parte de i4i, lo que ataca directamente a la forma en la que se guardan y abren algunos documentos de Microsoft Office Word 2007.

Al contrario de lo que dicen algunos, esto no significa que Microsoft deba retirar el formato .docx de su producto estrella. La patente de i4i no protege todos los usos de XML (faltaría más), sino la posibilidad de mapear (y alterar ese mapeo) de forma automática la estructura interna de un documento XML, sin importar su contenido. Ésta es una característica que los usuarios más normalitos de Word no usan nunca, pero que sí puede ser utilizada por empresas que deseen usar Word para, por ejemplo, distribuir e imprimir con buen formato información extraída de sus grandes sistemas empresariales. Es decir, no afecta al uso normal de Word para crear y editar documentos, sino a algunos usos específicos que requieren un cierto nivel de automatización.

No puedo evitar sentir pena al leer sobre casos así. Muchos se alegrarán porque le hayan dado un palo a la siempre odiada Microsoft, pero el trasfondo del asunto es siempre el mismo: las patentes sobre los métodos y usos del software son antinaturales y, al final del día, sólo perjudican a la innovación y, por ende, al usuario final. Me pregunto qué habría pasado con la informática si alguien, hace 50 años, hubiera conseguido una patente llamada “método para la conversión de un programa informático expresado en un lenguaje inteligible por seres humanos a un código directamente ejecutable por una computadora”. Seguro que hoy yo no estaría escribiendo este post y, desde luego, tú no podrías estarlo leyendo.

Por cierto, ¿soy el único al que le parece que el nombre de la compañía demandante es un tanto agresivo? Si lo lees en español, suena de lo más inocente. En inglés, es la ley del talión hecha empresa.

Victoria legal contra… ¿las autopistas?

25 de Septiembre de 2009 — Manuel Delgado

Leo en e-notícies una joya de incalculable valor periodístico: Victòria legal contra les autopistes. Basándose en el titular, cualquiera podría pensar que los tribunales han puesto fin a alguna concesión que había sacado los pies del tiesto o algo parecido. Pues va a ser que no. El periodista en cuestión no ha podido, o querido, evitar un titular que saca a relucir ese asquito que a muchos les producen las autopistas de peaje, movidos principalmente por la idea de que lo público no es ya sólo mejor, sino que es gratuito. Sin embargo, resulta que la victoria legal que nos narra la noticia es, en realidad, contra el ministerio de Economía y Hacienda, en una disputa por la que la Diputación de Lleida reclamaba una compensación por una importante bonificación en el impuesto de bienes inmuebles, IBI, concedida por el Ministerio a la concesionaria de varios tramos de autopista en esa provincia. Se trata, por tanto, de un simple asunto de reparto de dinero entre administraciones públicas.

¿Por qué no le bastaba al periodista con titular la noticia “Victòria legal contra el ministeri d’Economia“? Pues porque no es lo mismo informar de un aburrido asunto de lo contencioso-administrativo que hablar de las tan, por muchos, odiadas autopistas de peaje. Ya sabemos: no dejes que la realidad te estropee un buen titular.

Full disclosure: sí, trabajo en una empresa relacionada con el sector de las autopistas de peaje. No obstante, mi opinión sobre las bondades de las concesiones y los proyectos PPP en general está poco influenciada por mi actividad profesional y más por mi convencimiento de que, salvo cuando se hacen desmanes en los contratos, las concesiones ayudan a mejorar las infraestructuras sin incrementar la presión fiscal y de una forma, además, más justa que la mera financiación pública.

Periodismo independiente y delito informático

18 de Septiembre de 2009 — Manuel Delgado

Insuperable e imprescindible la intervención de Carlos Sánchez Almeida en el II Congreso Andaluz de Periodismo Digital, celebrado en Huelva, y que reproduce Kriptópolis.

Destaco un párrafo que resume, con toda crudeza, la situación a la que nos enfrentamos actualmente con respecto al respeto de nuestros derechos fundamentales en Internet:

Seguridad y confianza en las transacciones electrónicas: proteger los derechos fundamentales, proteger a los consumidores, proteger a los menores. Es la letanía permanente del poder, en su aspiración inalcanzable de controlar Internet. Y es una letanía falsa: al poder no le importan en absoluto los derechos fundamentales, los consumidores o los menores. Al poder el único derecho que le importa es el derecho de propiedad…

No dejes de visitar el siempre recomendable sitio del Bufet Almeida.

El precio de la justicia

22 de Marzo de 2009 — Manuel Delgado

Acabo de leer un estupendo post de un abogado en ejercicio en el que narra cómo ha logrado recuperar su móvil robado. Con la Ley en la mano y no poco tesón y perspicacia, este abogado logró que la maquinaria judicial y policial se pusiera en marcha y recorriera el camino necesario para algo que debería ser más común: que se haga justicia incluso en los casos más pequeños y poco llamativos, pero que nos afectan a todos repetidas veces en nuestra vida.

Suscribo las palabras con las que termina su artículo:

Y es que la nota diferencial de los sistemas avanzados está precisamente en la garantía de la pequeña justicia, la que impide que un policía nos pida “propina”, la que protege con toda su fuerza hasta la más pequeña de las propiedades, la que nos da los medios necesarios para defender nuestros más particulares intereses…

Sin embargo, hay algo que me preocupa y que el autor no ha tenido en cuenta: todo lo que ha ocurrido en su caso ha sido posible porque él conoce de primera mano los recursos que tiene a su disposición y porque, dejando a un lado el tiempo dedicado al asunto, todas las actuaciones le han salido prácticamente gratis, puesto que no ha tenido que pagar a ningún abogado y sólo ha tenido que recurrir a una procuradora para, según parece, evitar más frenazos en el procedimiento después de un primer malentendido al respecto. Me pregunto si no sería mucho más avanzado nuestro sistema judicial si además de eficaz fuera también más abierto, entendiendo por tal más económico e intuitivo. ¿Por qué hay que dirigirse a los juzgados por medio de un procurador? ¿Por qué no existe un manual para legos que nos permita saber nuestras opciones de actuación en cada momento del proceso?  ¿Por qué hay que redactar escritos con un lenguaje de hace tres o cuatro siglos? ¿Por qué, en definitiva y salvo que seas abogado, sale más caro recuperar tu móvil robado que comprarte uno nuevo?

No tendremos un sistema judicial avanzado mientras embarcarte en una aventura como ésta no esté a disposición de cualquiera con unos rudimentos mínimos y tiempo y ganas para hacerlo. Para los demás, siempre estarán los profesionales.

Nuevo sobreseimiento de un juicio por P2P

5 de Noviembre de 2008 — Manuel Delgado

Llego a través de Kriptópolis al auto de sobreseimiento y archivo de uno de tantos procesos abiertos en España contra páginas de enlaces P2P. Lo importante de estos sobreseimientos no es tanto el que se constate que mantener enlaces a recursos P2P no es un delito en sí mismo, cosa que ya sabemos, sino dejar en evidencia las campañas policiales travestidas de campañas mediáticas que, de forma periódica y recurrente, saltan a los titulares de todos los medios de comunicación. Lo mismo se podría decir de las operaciones contra el intercambio de pornografía infantil: decenas, si no centenares, de detenidos que ven cómo su vida se ve arruinada por una gravísima acusación que no se suele sostener y que apenas acaba mandando a la cárcel a un par de los detenidos en cada caso.

Internet necesita más seriedad, menos operaciones policiales espectaculares y más persecución de los verdaderos delincuentes, no de los ciudadanos que intercambian archivos en contra de los intereses de la SGAE y sus adláteres. Esto sólo ayuda a los intereses de los grupos de presión de siempre y a quienes quieren hacer creer a la sociedad que Internet es un pozo infecto lleno de pederastas y que debe ser controlado y regulado férreamente.

Medidas cautelares contra YouTube

23 de Julio de 2008 — Manuel Delgado

El juez que lleva la demanda de Telecinco contra YouTube por el supuesto uso en términos no consentidos de materiales cuyos derechos son propiedad de Telecinco ha entendido que hay motivos sobrados para imponer medidas cautelares contra YouTube, obligándoles a retirar todos los contenidos propiedad de la cadena.

Sólo dos cosas al respecto:

• Independientemente de cómo se evalúe este asunto desde una perspectiva legal, en términos netamente empresariales creo que Telecinco se equivoca con esta estrategia: en estos tiempos, cuanta más gente vea tus contenidos en YouTube, mejor. Podría tener sentido perseguir vídeos concretos por algún motivo específico (para lo que existe un mecanismo administrativo en YouTube), pero impedir el acceso a simples recortes de tus programas demuestra una nula comprensión de la realidad actual de Internet.
• Me encantaría encontrar una única, repito, UNA ÚNICA ocasión en la que, en el pasado, Telecinco haya emitido un vídeo de YouTube y haya mencionado al autor original del vídeo. Sí, al autor original, no a YouTube, puesto que el propietario de los derechos del vídeo es su autor, no YouTube (cuidado, no tiene por qué coincidir con quien lo subió a YouTube y, de hecho, el propietario de un vídeo puede no estar de acuerdo con que un tercero lo haya subido a YouTube y menos aún con que una cadena de televisión lo reproduzca). Incluso me gustaría saber si Telecinco ha tenido autorización expresa de YouTube para usar su logotipo y mostrar sus vídeos porque, de no ser así, podrían haber estado incumpliendo los términos de uso del sitio.

Ninguna de estas dos cosas restan fundamentos legales a la demanda de Telecinco ni a la interposición de medidas cautelares, pero sí me permitirán juzgar en contexto las declaraciones de los ejecutivos de Telecinco cuando digan que todo esto está relacionado con la protección de los derechos de propiedad intelectual, así, en abstracto. Lo dirán, seguro.

Doble rasero: fútbol vs. Internet

1 de Julio de 2008 — Manuel Delgado

Me hago eco de la idea expresada por Fonseca en su blog: si cualquier cosa que ocurriera en Internet provocara un muerto, 26 heridos, 165 agresiones, 58 accidentes de tráfico, 94 incendios y 47 intoxicaciones etílicas, todo ello sólo en la Comunidad de Madrid, al día siguiente nos encontraríamos con una ley que obligaría a los ISPs a guardar los datos de conexión a Internet de todos los europeos  con europarlamentarios pidiendo la identificación de todos los bloggers y cosas así. Ah, no, espera, que esas dos cosas ya han ocurrido (y sin necesidad de muertos). Y sólo son un par de ejemplos.

¿Para cuándo una ley que obligue a inscribirse en un registro a todos los aficionados al fútbol? ¿Para cuándo la obligación de dejar constancia de la presencia de uno en una algarada alrededor de Cibeles? ¿Para cuándo una unidad de la Guardia Civil dedicada a los “delitos futbolísticos“? ¿Qué tal una fiscalía especial de delitos del fútbol? Nunca ocurrirá. El motivo es muy simple: el fútbol mantiene entretenidos a los votantes. Internet les da acceso a la información. Desde la perspectiva del político, está claro cuál de las dos áreas hay que mantener férreamente controlada.