Los menos viejos del lugar no recordarán todo lo que se habló, trabajó y gastó alrededor de la fiebre del “Efecto 2000”. Resumiendo la historia, el asunto consistió en que, al acercarse el año 2000, muchos programas, escritos años antes, y que sólo registraban los dos últimos dígitos de la fecha (“99” para 1999) corrían el riesgo de fallar al enfrentarse al año 2000 y siguientes ya que, al expresarlas con dos dígitos, parecían ser menores que los últimos años del siglo XX. Durante años, el tema fue recurrente en telediarios y periódicos, no pocas personas se hicieron de oro vendiendo servicios para “corregir” el “Efecto 2000” y por doquier abundaban las hipótesis apocalípticas que anunciaban todo tipo de catástrofes para esa Nochevieja: desde centrales nucleares que saltarían por los aires hasta retrocesos al Neolítico al fallar en masa todos los aparatos electrónicos, de forma simultánea.

Huelga decir que nada de eso pasó. La lista de fallos (conocidos) debidos al efecto 2000 es, en términos relativos, anecdótica y, desde luego, no superior a la lista de fallos que ocurren a diario por motivos de lo más diversos. La menor parte del mérito le corresponde a la histeria de los últimos años: el efecto se había ido corrigiendo de forma paulatina a lo largo de incluso más de una década, a medida que sus efectos se iban haciendo evidentes (¿acaso los bancos no tenían que calcular hipotecas a 30 años en 1980?) o, simplemente, a medida que el software antiguo iba siendo parcheado o sustituido.

¿Por qué cuento todo este rollo? Porque me sorprende no haber oído hablar (mucho) del “Efecto 1 de julio de 2010”. Salvo un par de blogs pequeñitos, en los últimos meses no me consta que el día de mañana haya tenido gran repercusión en los medios (en lo referente a la informática, claro). ¿A qué me refiero? A que mañana entran en vigor nuevos tipos de IVA y que me apuesto algo a que más de un programa de facturación va a empezar a comportarse de forma extraña (si no lo está haciendo ya).

No son pocos los programas, sobre todo los orientados a las más pequeñas de las PYMEs, que hacen una gestión muy optimista de los tipos de IVA, sobre la premisa de que “eso no cambia nunca”. Hasta que cambia, claro. En función de lo mal preparado que esté cada programa, el cambio del tipo puede desde no tener consecuencia negativa alguna hasta organizar un verdadero caos en las cuentas de una empresa, pasando por los mucho más probables errores cuando, por ejemplo, se intente abonar en julio una factura emitida en junio.

Me consta que los grandes fabricantes de software para PYMEs en el mercado español tienen estas cosas más que resueltas, así que el riesgo se concentra, principalmente, en quienes usan software antiguo sin actualizar o desarrollos a medida cuyo comportamiento no ha sido verificado. En las grandes empresas, los ERPs comerciales están suficientemente cubiertos, pero no pondría la mano en el fuego por todos los enormes desarrollos a medida hechos sobre esos productos.

Afortunadamente, no hemos vivido meses de histeria, como a finales del siglo pasado. Sin embargo, quizá por eso la minoría que va a verse afectada se va a llevar una sorpresa bien grande. Que se vayan olvidando de la jornada continua durante unas semanas…

Qué mal debemos de estar, porque mira que es raro que yo coincida por completo con un artículo de opinión de El País sobre impuestos.

Tras el post de ayer, sobre una nota de Antonio España acerca de la cantidad de impuestos que generan aun las más simples transacciones económicas, Francisco Avilés me llamó la atención en Facebook sobre otro post suyo, también de ayer, que trata un tema relacionado: por qué una subida en el IVA afecta más a quienes menos tienen. Aunque creo que alguna de sus asunciones podría ser discutida, la conclusión es sencilla: ese 2% que, supuestamente, el Gobierno pretende subir en el IVA afectará más, en términos proporcionales, a quienes tengan menores ingresos. Algo bastante obvio pero que, a pesar de ello, muchos prefieren ignorar al reclamar subidas de impuestos.

Quienes defendemos que el Estado reduzca su tamaño y su intervención en la vida de los ciudadanos nos encontramos, a menudo, con que aquellos con los que hablamos de estos temas no suelen tener claro la cantidad de dinero que se lleva el Estado (en todas sus formas: administración estatal, comunitaria, …)  en cada movimiento económico que hace una empresa. En su siempre recomendable blog, Antonio España ilustra con sencillez la cuestión. Quienes hemos sido empresarios tenemos bastante claro el resultado, pero seguro que la cifra sorprende a más de uno.

Aunque la nota de prensa oficial diga que la recogida de basuras en Madrid va a dejar de ser gratuita, eso es radicalmente falso: la recogida de basuras en Madrid NO era gratuita, sino que se financiaba mediante los ingresos municipales provenientes de los impuestos. Incluso, en una noticia de El Mundo, se atreven a llamarlo "ecotasa". Nada más lejos de la realidad. No se trata de que ese servicio deje de ser gratuito ni de que, a partir de ahora, el Ayuntamiento de Madrid se vaya a preocupar más por el entorno. Sencillamente, a Gallardón no le salen las cuentas y necesita recaudar más, como sea. El frenazo de la construcción y la reducción de los impuestos que pagan las empresas debido a la menor actividad económica está poniéndole las cosas muy difíciles a un ayuntamiento tan endeudado como el que preside Gallardón, sobre todo desde que el panorama financiero hace cada vez más complicado renegociar las deudas millonarias con los bancos.

Puedo entender que, si el Ayuntamiento necesita dinero, tiene que conseguirlo. Lo preocupante de esto es que siempre se opte por la misma solución, la subida de impuestos, en lugar de, por ejemplo, por la reducción del ansia intervencionista de los ayuntamientos, convertidos en pequeñas ciudades-estado que cuentan incluso con programas de cooperación internacional al desarrollo. Lo insultante es, además, que las instituciones públicas traten a los ciudadanos como imbéciles y traten de hacerles creer que la recogida de basuras era gratuita hasta ahora. Una muestra más de la (escasa) calidad de nuestra democracia.

Un exaltado con poco que hacer en su vida lanzó varios huevos a Steve Ballmer, CEO de Microsoft, durante una conferencia en la Universidad Corvinus de Budapest, Hungría. Aparentemente, el agresor quería protestar por los contratos que Microsoft ha conseguido de la administración pública húngara, en detrimento de otras opciones, como el software libre. Mientras lanzaba los huevos, gritaba “¡Devolved el dinero de los contribuyentes!”.

No me voy a molestar en criticar la cantidad de posts y comentarios que, en unas pocas horas, han surgido en Internet en los que se justifica en mayor o menor medida la agresión. Toda agresión violenta es, para mí, igualmente reprobable, así que los que se regodean porque a alguien de Microsoft le tiren huevos merecen todo mi desprecio. Pero mucho peor es la situación de aquellos que no sólo les hace gracia el asunto sino que, además, se identifican con la petición del agresor. Sospechas de corrupción aparte (cuyas responsabilidades habría que pedir, en primer lugar, a los burócratas), exigir que las administraciones públicas de cualquier país dejen de comprar software propietario, por el simple hecho de ser software propietario, es tan ridículo como exigir que dejen de contratar a empresas de construcción que no sean cooperativas, por el simple hecho de no ser cooperativas. Lo que hay que exigir es que se tomen las mejores decisiones técnicas, independientemente del modelo de licencia o de quién le pague el sueldo a los desarrolladores. Si, en algunos casos, eso indica que hay que usar software libre, fantástico. Si, en otros, se justifica el software propietario, adelante.

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Internet es el campo de juego en el que los viejos y anquilosados dinosaurios quedan más expuestos, más a la vista de cualquiera que los quiera ver. Dos buenos ejemplos son, por una parte, los Estados intervencionistas y falsamente proteccionistas y, por otra, la industria discográfica, que sigue negándose a ver la realidad y continúa en su empeño por ponerle puertas al campo. Ambos dinosaurios se empeñan en extorsionar y chantajear a quienes más deberían proteger, los ciudadanos, a través de cuya satisfacción debería medirse lo bien o lo mal que lo están haciendo los unos y los otros. Internet tiene el potencial necesario para cambiar muchas reglas de juego, para ayudar a crear un mundo bien distinto del que creemos conocer ahora, pero siempre habrá un dinosaurio dispuesto a devorar a cualquiera que quiera enseñarle el camino hacia la extinción.

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No estoy del todo de acuerdo con algunas cosas concretas que dice Martín Varsavsky en su artículo sobre la elevada presión fiscal a la que está sometido el ciudadano medio en España, pero la argumentación central de su post es inmaculada: los españoles no somos conscientes de cuánto ganamos realmente antes de impuestos, ni de cuántos impuestos vamos pagando por ahí a diario sin darnos cuenta. Es esencial mucha más transparencia para que el ciudadano no se queje sólo de lo poco que le sube el sueldo su jefe o de lo caras que están las cosas sino, además, de lo mucho que se le va en impuestos por todas partes.

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Demasiadas veces, los políticos nos recuerdan a los ciudadanos que debemos acatar las sentencias judiciales. Esto es falso: los únicos obligados a acatarlas son ellos mismos, pues son las instituciones del Estado las que están obligadas por la Ley a acatar lo que un juez ordene. Es decir, yo puedo estar en contra de una sentencia judicial, pero un organismo de la Administración Pública o un cargo público no pueden estarlo. Esto parece olvidárseles a los políticos demasiado a menudo. Leo en Error 500, en Enrique Dans y en Versvus que el Ministerio de Cultura ha creado un microsite dedicado a concienciarnos de lo malas, malísimas, que son las descargas de música, vídeos y libros y que son piratería. Resulta, no obstante, que todas las sentencias judiciales a este respecto hasta ahora en España indican lo contrario, es decir, que no son ilegales, que no son piratería mientras no haya ánimo de lucro, con lo que el Ministerio de Cultura está dedicando el dinero que nos roba mediante los impuestos a engañarnos y, de paso, está contradiciendo las múltiples sentencias a este respecto. Cuando está en juego la amistad de quienes te han ayudado a llegar al poder, está claro que te pasas la legalidad por el forro de los cojones.

N. B. – Mi opinión personal sobre las descargas -en general, no me gusta y, concretamente, no lo practico- tiene poco que ver en este asunto. Mi opinión y mis acciones no están contempladas en la Ley. Las de los Ministerios, sí.

Acabo de comprarme un paquete de Marlboro, como casi todos los días (sí, volví a fumar tras varios años de abstinencia). Al comprarlo, no sé por qué, he tenido la sensación de estar pagando mi pequeño impuesto diario. Todos lo sabemos: el tabaco costaría mucho menos si no fuera por la cantidad de impuestos con los que está gravado. Lo mismo se puede decir del alcohol y la gasolina, por ejemplo. Pero, exactamente, ¿cuántos impuestos pagamos por cada paquete de tabaco? ¿Y al repostar? ¿Y al comprar una botella de ginebra? Seguro que no es difícil averiguarlo dedicándole un ratillo a investigar en Google pero, ¿por qué esos impuestos no se desglosan claramente en las correspondientes facturas de compra? Así, cada vez que comprásemos un producto de algunas de esas categorías ultra-gravadas, podríamos ver de verdad cuánto vale el producto y cuánto se va en impuestos. También tendríamos una idea más clara de eso que se llama “presión impositiva” y podríamos entender mejor cómo aunque nos vendan la moto de que nos bajan o quitan tal o cual impuesto, seguimos siempre en las mismas.

Existe obligación de desglosar el IVA (IGIC, para los afortunados) en las facturas, pero esto no ocurre igual con el resto de impuestos. A primera vista, sólo se me ocurre otro caso: creo recordar que, en las facturas de electricidad, se especifican cosas cómo qué parte del importe se destina a sustituir las fuentes de energía sucias por otras más “limpias”. Qué bonito, hasta me emociono. Pero, claro, de decirte cuántas cenas de ministros se van a pagar con lo que te dejas en llenar el depósito cada semana, de eso nada.

Exijo que en los tickets y facturas del tabaco, el combustible y el alcohol se desglose claramente el precio del producto y los impuestos que lo gravan. Lo exijo, aunque nadie me haga caso.