Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid: chapucillas

No tengo tiempo para escribir mucho, así que transcribo aquí la queja que he enviado al servicio de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid:

He intentado, en varias ocasiones, tramitar una licencia de caza de forma telemática. En todas las ocasiones, el proceso termina con una página de error que dice “Error general GrabarSolicitud. Póngase en contacto con el Administrador”.

Me he puesto en contacto con el “Soporte Técnico a los Ciudadanos sobre la utilización de los Servicios de Administración Electrónica”. Me he conectado al chat, donde me ha atendido el operador Francisco José López. Tras un par de intercambios de mensajes a través del chat, ha solicitado conectarse a mi ordenador (sin explicarme previamente para qué). Al conectarse, me ha pedido que le enseñe el error. Le he enseñado la página de error y me ha dicho que debía conectarme con el chat de soporte del 012, proporcionándome la URL para ello.

Me he conectado al soporte del 012, donde he explicado la situación y, como primera respuesta, me han dicho que debía consultar al soporte de Administración Electrónica. Al informar al operador, que no se ha identificado, de que venía de allí, me ha dado un número de teléfono para llamar en horario laboral, de lunes a viernes, diciendo que en ese servicio no proporcionan soporte técnico.

¿Así es como funciona, habitualmente, la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid? ¿Cuánto cuestan al año unos sistemas que no funcionan y que te siguen obligando a acudir presencialmente a hacer trámites tan básicos? ¿Cuánto nos cuesta a los madrileños mantener dos servicios distintos de soporte que no son capaces de mantener una conversación fluida por chat, ni de identificar un problema, ni de dar la sensación de que, al menos, se hará algo para solventar el problema? ¿Han transmitido a los administradores del sistema que están ocurriendo problemas con el proceso? En resumen, ¿de qué vale todo esto?

Un saludo,

Manuel Delgado

Aunque, ahora que lo pienso, lo he enviado por medio del formulario online, así que es posible que nadie llegue a verlo…

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El Defensor del Pueblo y la prueba de Primaria

Los alumnos de 6º de Primaria de Madrid y Cataluña se han sometido hoy a la “Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables”. Básicamente, es un examen general que no afecta a sus notas y que sirve para saber cómo va el chaval en cuestión. Lo interesante es que, al someter a todos los alumnos a la misma prueba, los resultados son agregables y, por tanto, comparables a distintos niveles: clase contra clase, colegio contra colegio y, si se hiciera a escala nacional, comunidad autónoma contra comunidad autónoma. Parece que esto duele: según se recoge ya en la prensa y he podido ver hoy en la TV, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha pedido a la Comunidad de Madrid que no divulgue los resultados agregados por colegios como hizo el año pasado -Cataluña ha anunciado que no lo hará- para “no estigmatizar a los colegios”. Si, al menos, hubiera dicho “no estigmatizar a los niños”, podría pensar que se trata de un arrebato en defensa de los pobrecillos chavales que, por sus malos resultados, puedan sufrir las burlas de los del colegio de enfrente. Pero no ha dicho eso. Ha dicho “no estigmatizar a los colegios”. Porque, al final del día, lo que le importa al Defensor del Pueblo es que no se ponga de manifiesto, una vez más, que los colegios públicos van, en términos globales, a la zaga de los privados y concertados. Lo mismo les ocurre a los señores de UGT, que son quienes han llevado el asunto ante Múgica y que no quieren ver cómo uno de sus feudos puede salir mal parado de manera objetiva, no vaya a ser que a alguien le dé por pensar que los profesores de la enseñanza pública necesitan mejorar. Y es que, recordemos, un examen general como éste no es sólo un examen para los alumnos, sino que con él también se evalúa a profesores, directores, consejerías de educación, planes de estudio…

Si el Defensor del Pueblo hiciera caso al nombre del cargo que ostenta, seguramente debería pedirle al resto de comunidades que también llevasen a cabo la dichosa prueba y, desde luego, que publicasen los resultados. Porque lo que quiere “el Pueblo” es saber en qué colegio se educará mejor a sus hijos y, si le es posible, llevarlos allí. Para qué hablar de saber en qué (y cómo) se invierte el dinero de nuestros impuestos. Incluso podría decirse que la prueba puede ser de mucho interés para los defensores a ultranza de la enseñanza pública: permite averiguar qué colegios públicos ocupan las primeras posiciones (porque me consta que los hay en esos puestos), analizar el secreto de su éxito y, después, aplicarlo a los demás. También podría valer para retirarle el concierto educativo a aquellos centros concertados que no se lo merezcan, a juzgar por los resultados. Pero, no, nada de eso. Lo mejor, según UGT y el Defensor del Pueblo es mantener a los ciudadanos en la ignorancia. Doblemente, en este caso.

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