Pero algunas pretensiones de los redactores del decreto han levantado la alarma en amplios sectores de la sociedad. Permite recabar y almacenar información sobre cualquier persona mayor de 13 años que se considere “susceptible de atentar contra el orden público”, y hurgar en la vida privada de los ciudadanos (concretamente en su vida sexual y su salud) que hayan ejercido o intentado acceder a un mandato político o sindical, o cuya actividad tenga una importancia “significativa” en el campo económico, social o religioso.

El decreto pasó sin hacer ruido hasta que lo descubrió el político centrista François Bayrou. Pronto se le sumó la oposición de izquierdas, asociaciones ciudadanas y profesionales, e incluso el ministro de Defensa, el centrista Hervé Morin.