25 de Octubre de 2007 — Manuel Delgado
Un dÃa de estos, hablaré largo y tendido sobre la LISI (Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información), aprobada recientemente en la Comisión de Industria del Congreso. Los comentarios que se le pueden hacer son muchos, pero hoy me centraré sólo en uno, en el referente a la modificación a través de la LISI de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003, para “adaptar” el concepto de servicio universal de telefonÃa (del de banda ancha, ya hablaré). Dice la transaccional propuesta (y aprobada) por el Grupo Socialista:
“Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura geográfica, en número de aparatos, accesibilidad de estos teléfonos por los usuarios con discapacidades y calidad de los servicios, y que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los teléfonos públicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago, utilizando el número único de llamadas de emergencia 112 y otros números de emergencia españoles. Asimismo, en los términos que se definan por la normativa vigente para el servicio universal, que exista una oferta suficiente de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha”.
En el mundo del móvil ubicuo y barato, me pregunto qué necesidad hay de proteger por ley el número de teléfonos públicos de pago. Por otra parte, me sorprenden tantas ganas de asegurar un mÃnimo de cabinas telefónicas y kioscos de acceso a Internet mientras que en ciudades como Madrid apenas quedan fuentes públicas en las que saciar la sed. Alguien habrá que no vea relación entre una cosa y otra, pero eso es porque no se ha parado a pensar detenidamente en el asunto. ¿Por qué se empeñan los polÃticos en legislar sobre cosas que la oferta y la demanda se encargan de regular convenientemente?
Lo de regular por ley cuántoes teléfonos hay en la calle es como querer regular por ley cuánto tenemos que pesar o si tenemos que ser guapos o no.
26 de Octubre de 2007 a las 09:32:17
No estoy de acuerdo con Paco. El gobierno tiene que asegurar los servicios públicos universales y comunicarse es un derecho hoy por hoy. No podemos olvidar a la gente que no tiene móvil.
26 de Octubre de 2007 a las 11:47:16
“Comunicarse es un derecho” significa que a nadie se le puede prohibir acceder a las tecnologias de las comunicaciones pero no significa que haya que pagárselas. Las empresas de telefonia pondrán las cabinas que les salga rentable poner y si les obligas a poner más tendrán que cobrarle a todo el mundo un precio mayor.
26 de Octubre de 2007 a las 13:58:23
Estimado Paco:
No sólo eso. Además, si dejamos que sean los polÃticos y los burócratas quienes decidan cuántas cabinas son las correctas, tenemos dos problemas:
1.- Como no tienen mucha idea del asunto, es muy probable que se equivoquen.
2.- Sus errores los pagamos nosotros, al contrario que los de las empresas privadas que los pagan sus gestores y sus accionistas, exclusivamente. Además, el burócrata no suele incurrir en responsabilidad por sus acciones.
Asà que no sólo es injusto sino que, además, es poco fiable.
Un saludo,
Manuel Delgado
26 de Octubre de 2007 a las 14:58:40